¿Cuál es la realidad de las DOC venezolanas?

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Hace casi quince años se decretó en Venezuela la primera Denominación de Origen Controlado o DOC. Con el comienzo del milenio, el primer producto de nuestra historia en acreditarse fue el cacao de Chuao, al que luego le siguieron el cocuy Pecayero (2001) y el ron de Venezuela (2003). Sin embargo, ha pasado más de una década y no se han otorgado más, a pesar de solicitudes formales de varios productos.

Una DOC según la definición del Larousse Gastronómico es la “denominación que distingue a una zona, una región o una localidad, que sirve para designar un producto originario de ésta y cuya cualidad o características se deben al medio geográfico, que comprenden factores naturales y factores humanos”.

Es decir, cualquier producto que se elabore bajo condiciones únicas, cuyo proceso es excepcional, que cuente con el respaldo de la tradición y además esté confinado a un marco geográfico específico. En este caso, una DOC es la garantía que un producto determinado posee todas las condiciones mencionadas, pero que además sus productores están organizados y siguen lineamientos estrictos, bajo la supervisión de un consejo regulador que empeña su palabra por ellos. Entonces, el consumidor puede adquirirlo con la más completa tranquilidad, lo que en muchos casos se traduce en precios más justos.

Este mecanismo se utiliza en todo el mundo, solo España tiene más de 60 denominaciones para sus vinos que se expresan en muchas variantes y siglas.
Tiene DOC el café de Colombia, la vainilla de Veracruz, el Tequila y el Mezcal mexicanos, el pisco peruano y hasta los habanos cubamos, por solo mencionar algunos.

En el caso de nuestro país, cada caso fue la respuesta circunstancias específicas. El cacao de Chuao surgió, en parte, como la solución para detener la proliferación de cacao trinitario y proteger al criollo en esta zona de Aragua, cuyo fruto tiene una relevancia cultural que data de más de dos siglos y cuenta con reconocimiento internacional.

El cocuy pecayero encontró en esta fórmula el camino de reinserción a la legalidad y a la conservación de la tradición. Por su parte, el ron de Venezuela hizo un frente común para establecer precios justos frente a otros rones del Caribe, que añejan un promedio de seis meses contra los dos años del destilado criollo.

Incluso, los casos del cacao y el ron son únicos en el mundo, ninguno de sus congéneres cuenta con este aval. Pero más de una década sin nuevas denominaciones llama la atención.

¿Acaso no hay más productos en este país que las merezcan? ¿Qué está pasando?

La respuesta a la primera pregunta es afirmativa. Sí hay productos que han hecho solicitudes formales como el cacao de Rio Caribe, el café de Biscucuy, incluso las artesanías de Guadalupe en el estado Lara.

La respuesta a la segunda pregunta es más compleja. En primer lugar, Venezuela no tiene un marco legal referido específicamente a las DOC. No existe ley, reglamento, norma o decreto que estipule cuáles productos pueden estar amparados por este mecanismo de comercio exterior, ni bajo cuáles condiciones, qué abarcan, ni los requisitos para su tramitación, mucho menos la conformación de consejos reguladores con sus características y funciones. Ni hablar de los temas fiscales o sanciones a los incumplimientos.

En principio, las DOC se tramitaban a través del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual –SAPI-, que entre sus funciones anuncia en una línea junto a otras atribuciones que se ocupa de eso. Fin de la historia. Pero eso también ha cambiado y ahora permanece en una especie de limbo jurídico. Sin embargo, en su momento fue el propio SAPI quien decretó las DOC, que seguidamente tenían que ser aprobadas por la Corporación Andina de Fomento para darle el rango internacional necesario. El detalle está que Venezuela no forma parte de dicho organismo desde 2006.

Observo con frecuencia cómo productores organizados se les hace agua la boca de solo escuchar las siglas, como sucede con los productores de cocuy de Lara o los de ají dulce margariteño. El tema es que legalmente no hay cómo llegar hasta ahí, y personalmente me atrevo a afirmar que no es un tema que le interese al Estado en funciones. 

Actualmente, ninguna de las DOC venezolanas cuenta con un consejo regulador en pleno ejercicio. Quienes más se acercan son los productores de cocuy y sin embargo aún no terminan de articularse. No me gusta ser profeta de malas noticias, pero mientras la legislación no evolucione,  no tiene sentido enfrascarse en la obtención de esta certificación. Tristemente es una pérdida de tiempo, recursos y esfuerzo.

Lo peor del caso es que es una lástima porque las DOC son un aval, una suerte de compromiso escrito que el producto está en óptimas condiciones y cumple una serie de requerimientos. Se trata de uno de los más poderosos mecanismos de mercadeo dentro y fuera de nuestro país. Hay que empezar exigiendo un marco legal específico, ese debería ser el primer punto de la agenda para los interesados, de lo contrario reproducirá la labor de Sísifo.

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